Amnistía Internacional (AI) ha solicitado a PPdeG, PSdeG y BNG que se comprometan a elaborar un plan de derechos humanos para Galicia en la próxima legislatura.

La organización pidió a los candidatos y miembros del Parlamento autonómico que asuman la agenda de los derechos humanos que recoge el documento 'Galicia. Un compromiso eficaz', elaborado por AI.

Protección y educación

El programa de acción de derechos humanos debería incluir medidas para luchar contra el racismo, impartir formación sobre derechos humanos a las fuerzas de seguridad, elaborar un mapa de fosas comunes o proteger a colectivos vulnerables, como inmigrantes o víctimas de la violencia machista.

El portavoz de la organización humanitaria en Galicia, Alberto Estévez, consideró que "aunque todos los partidos incluyen algunas medidas en áreas relativas a los derechos humanos, no hay un enfoque global que articule esas propuestas de manera conjunta y coherente".

Los gallegos, demasiado xenófobos

A finales de enero, la ONG alertó del "importante incremento de la xenofobia" registrada en Galicia, sobre todo hacia la población de etnia gitana.

En concreto, basaron su informe en conflictos como el desatado tras el intento de realojar a las personas que convivían en poblados como el de Penamoa (A Coruña), O Vao (Poio) o contra los adjudicatarios de las viviendas protegidas en el barrio lucense de A Ponte, en un intento de erradicar el chabolismo.

La presidenta de Amnistía Internacional, Itziar Ruiz-Giménez, demandó de la Xunta "medidas concretas para paliar la discriminación" en materia de educación y vivienda. Acto seguido, informó de que los gitanos ocupan los puestos de trabajo "más inseguros y con los peores salarios", y alertó del maltrato dispensado por agentes del Estado "que han quedado impunes por falta de medidas de investigación efectiva".

Enterrar los clichés

La demanda no era nueva ni siquiera entonces. En abril de 2008 AI reclamó la puesta en marcha de un plan gallego contra el racismo, que contemplase medidas de carácter político, social, económico y educativo. Los beneficiarios: la población inmigrante y de etnia gitana.

Además, España "está entre los únicos 10 estados que no han ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos", que entró en vigor el 1 de febrero del pasado año. Amnistía destaca que la ONU sitúa al Estado como uno de los diez europeos con más casos de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras.

La organización humanitaria ve necesario emprender acciones de sensibilización social frente a este problema y que se facilite el acceso a la vivienda, la sanidad, así como a la educación y al trabajo para poder fomentar la integración de estas personas, y enterrar el estigma que identifica 'gitano' con 'delincuente'.

Fuente:galiciae

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